Eso sale en la Tribuna hoy, por fin si Contreras ha hecho algo mal va a pagar por ello.
El Albacete Balompié se decidió finalmente a querellarse por la vía penal contra Ángel Contreras y Francisco Ruiz, ex presidente y secretario del anterior Consejo de Administración, respectivamente, por falsedad documental.
Aunque sigue firme la instauración de la política del silencio de sus máximos responsables sobre cuestiones capitales para la entidad, lo cierto es que la demanda por la vía penal ya está presentada, si bien la parte contraria todavía no ha recibido la comunicación pertinente del juzgado habida cuenta de que la presentación se realizó apurando al máximo el plazo de ocho días establecido por la jueza en su resolución con fecha de 13 de diciembre.
Este nuevo proceso judicial deja en suspenso la demanda de reclamación de cantidades que, a su vez, había presentado Ricardo Resta contra el club, quien, en la vista, opuso que dos de los documentos aportados por la parte demandante eran falsos.
Aunque en la providencia de la jueza se reconoce la autenticidad del primer documento (el del traspaso de los jugadores al Villarreal), no ocurre lo mismo con el que trata del reconocimiento de deuda a Antonio López Alfaro (que en su día desistió de la demanda al haber llegado a un acuerdo con el club) y Ricardo Resta, ambos por el concepto de comisiones por traspasos (el 1%), que, a juicio de los actuales gestores, Contreras elaboró una vez había abandonado el club, lo cual supondría, en el caso de poder probarlo en el juicio, esa «falsedad intelectual» reflejada en la providencia.
Aunque en el comunicado que el club emitió el pasado 22 de diciembre, en vísperas de la Junta General de accionistas y días después de recibir la comunicación judicial, se plasmaba alguna cuestión concreta de la misma y se omitían otras, lo cierto es que la demanda de Resta queda en suspenso hasta resolverse este nuevo proceso ante la jurisdicción penal.
El objeto de controversia se concreta en el reconocimiento de deuda que Contreras y Ruiz plasmaron en un documento con fecha del 17 de octubre de 2006 que, según los responsables del club, no se ha encontrado en su sede social, pero que la parte demandante esgrimió en el juicio para reclamar la cantidad adeudada. Los actuales gestores aseguran que ese documento fue redactado y firmado con posterioridad al cambio de Consejo de Administración, lo cual habrán de demostrar en el proceso judicial que acaba de abrirse.
Además, en la providencia se argumenta que el contrato de los dos técnicos venció el 30 de junio de 2005 (cuando el Albacete descendió a Segunda División) sin que «al menos parte de sus cláusulas permanecieran vigentes».
Hay que recordar que el delito de falsedad intelectual está sancionado en el Código Penal con seis meses a tres años de cárcel y una multa de seis a 12 meses. El de falsa denuncia lo está con prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, si el delito imputado es grave.
En cualquier caso, en función del silencio oficial del club, habrá que esperar a la recepción de la comunicación judicial por parte de los querellados para comprobar lo que puede dar de sí esta nueva controversia.